La Cámara de Representantes hundió en la tarde de este miércoles la moción de censura promovida en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, por su supuesta ‘responsabilidad política’ en el polémico operativo realizado el pasado 28 de marzo en Putumayo.
La iniciativa quedó enterrada luego de recibir 28 votos a favor y 116 en contra, por lo cual la moción no prosperó y por ende, Diego Molano podrá seguir en su cargo al frente de la cartera de Defensa nacional.
Molano afrontó debate de moción de censura en la Cámara de Representantes y un debate de control político en el Senado, por presunta responsabilidad política en una operación militar que se llevó a cabo el pasado 28 de marzo y que dejó un saldo de 11 muertos en el departamento del Putumayo.
Esa operación contra presuntos disidentes de las FARC ha sido duramente cuestionada por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que aseguran que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes que participaban en un bazar en un caserío de la zona rural de Puerto Leguízamo.
La moción de censura había sido aprobada en la Cámara de Representantes el pasado 19 abril por 36 representantes que buscaban claridad sobre lo ocurrido en Puerto Leguízamo y con ello establecer responsabilidades políticas.
El presidente Duque informó el pasado 28 de marzo que 11 disidentes de las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo, en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.
Sin embargo, con el paso de los días han salido a la luz testimonios de familiares y miembros de la comunidad en investigaciones periodísticas publicadas en El Espectador, la Revista Cambio y el medio Vorágine que constatan que algunos de los muertos no eran guerrilleros de las disidencias de las FARC.
Organizaciones sociales han denunciado que entre los muertos están Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) de El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
