La nueva decisión no podrá hacer modificaciones al territorio marítimo de los dos países, pues en el fallo del 2012 ya sé definió que el archipiélago de San Andrés era de Colombia.
Este 21 de abril en La Haya, Países Bajos, la Cancillería Colombiana y delegados del gobierno de Nicaragua escucharán el fallo en el caso relativo a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, iniciado por Nicaragua contra Colombia en 2013.
Hay que decir que la Corte Internacional de Justicia examinará las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría “violado el derecho internacional” por no haber cumplido el pasado fallo del 19 de noviembre de 2012, por las operaciones de la Armada en el mar Caribe y la expedición de un decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.
Se advierte asimismo que la corte también tendrá que definir la contra demanda de Colombia en la cual el Gobierno reclamó por qué Nicaragua habría violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, y por qué se expidió un decreto contrario al derecho internacional con el que buscarían adjudicarse “de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia”.
Se dijo que esta decisión no podrá hacer modificaciones al territorio marítimo de los dos países pues en el fallo del 2012 ya sé definió que el archipiélago de San Andrés era de Colombia, al igual que todos los cayos.
Como se sabe, la defensa de Colombia, durante las audiencias en La Haya, entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, ha centrado sus argumentos en que deben defenderse los derechos de pesca tradicionales de la comunidad Raizal y se debe evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia.
También han dicho que Colombia debe defender la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y por ello se han adelantado operativos de las fuerzas del Estado.
Finalmente, han dicho que Colombia debe cumplir las promesas del presidente Iván Duque para proteger el medio ambiente y las áreas marítimas, además de combatir el tráfico ilícito de estupefacientes en el mar caribe.
