4,5 millones de euros invertirá Madrid en abogados para controlar empresa Triple A

Acorde a lo conocido a través del diario El País, reveló documentos y audios con los que se deja al descubierto el conflicto entre España y Colombia por el dominio de la empresa Triple A en Barranquilla.

El conocido medio según lo revelado este domingo, muestra una serie de documentos judiciales y audios que darían cuenta del conflicto que hay entre España y Colombia por la empresa Triple A.

La batalla jurídica que se ha llevado hasta el momento a puerta cerrada, entre el Gobierno del presidente Iván Duque y el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid, tiene un nuevo capítulo.

Según reveló El País, la empresa pública está dispuesta a pagar hasta 4,5 millones de euros para contratar especialistas que la representen en el conflicto legal, con el objetivo de recuperar parte de la millonaria inversión de dinero público en la Triple A, en la que el año pasado ingresó más de 150 millones de euros.

La inversión de España se da con el fin de tratar de salvar el capital de la empresa española en el país, luego de que, Colombia aplicara la ley contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que Canal de Isabel II controlaba la empresa Triple A.

El Canal de Isabel II se hizo en 2001 con la empresa Triple A, a través de Inassa, investigada judicialmente en el caso Lezo.

En 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno aprobó la compra del 75 por ciento de Inassa, por $73 millones de dólares.

En 2017, estalló el caso Lezo con la detención del entonces presidente madrileño Ignacio González y exdirectivos de la compañía pública, y en el que se investiga una supuesta trama de comisiones y sobrecostes urdida alrededor de la actividad internacional del Canal de Isabel II y de Inassa, la filial que controla esos negocios en América.

El 4 de octubre de 2018, la Fiscalía de Colombia anunció el embargo de acciones de Triple A por considerar que Inassa cobró unos 68 millones de euros a Triple A por un contrato de asistencia técnica que no se produjo, y ahora ha activado un mecanismo de “enajenación temprana”, es decir, de expropiación.